Proposición que presentan los grupos municipales del PSOE, Unidas Podemos e In-Par, para el apoyo a las 26 familias que pretenden desahuciar de sus viviendas en el Barrio de La Montaña y para que la Alcaldesa de Aranjuez cumpla con el compromiso contraído, hace dos años, con los vecinos afectados por la subida de los alquileres y se traslade a la Comunidad de Madrid la negociación y resolución de los alquileres de las familias afectadas.
En febrero de 2020, cientos de familias del barrio de La Montaña decidieron no permanecer impasibles ante el atropello que estaban sufriendo a través de GLOBAL LICATA, SA, un fondo eufemísticamente conocido como “inversores” a quienes coloquialmente se les denomina “buitres”. Estos fondos se habían hecho con la propiedad de las viviendas que los vecinos tenían alquiladas, con la imprescindible connivencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, los propietarios de estas viviendas están imponiendo a las familias unas condiciones abusivas respecto al alquiler bajo el manto de una pseudo legalidad que les da su posición de propietarios y que han supuesto de facto el desahucio de muchas de estas familias.
En ese momento y en ese escenario, el pleno ordinario del 19 de febrero de 2020, a propuesta del GM de Unidas Podemos, aprobó por unanimidad lo siguiente:
“Que el Ayuntamiento continúe dando los pasos necesarios para que el caso de Aranjuez entre dentro de la mesa de negociación de la Consejería de la Vivienda de la Comunidad de Madrid con los fondos de inversión inmobiliaria, como ya se hace con los casos de Getafe y Torrejón de Ardoz, personándose en dicha mesa de negociación en defensa de los vecinos afectados.”
Al igual que hace dos años, hoy, las familias se encuentran en una situación en la que no pueden hacer frente a unas condiciones, que la justicia situará fuera o dentro de la legalidad, pero que, sin embargo, están fuera de toda ética y moralidad, ya que van en contra de los principios que deben imperar en la cobertura que ofrezca cualquier vivienda que ostente la condición de pública/protegida.
Esta condición, por mucho empeño que ponga GLOBAL LICATA, SA (representada por HAYA REAL STATE), no puede desaparecer, de la misma manera que no han desaparecido los requisitos que debían cumplir los inquilinos para acceder a esas viviendas, por lo que las nuevas condiciones de alquiler son inasumibles.
Es fundamental tener consciencia de que el argumento al que se agarra la empresa para desproteger las viviendas, originalmente de protección oficial, es el vencimiento del plazo de protección que regulaban los contratos. No obstante, los propietarios, olvidan el resto de las cláusulas que contenían dichos contratos, entre ellas las que garantizaban tanto los precios de alquiler como la opción de compra.
GLOBAL LICATA, SA ha llegado al punto, incluso, de enviar demandas a los inquilinos aludiendo a la protección jurídica que le otorgan, únicamente, las cláusulas que les resultan beneficiosas en su objeto lucrativo, y se desecha las que protegen a los inquilinos/as, evidenciando una impunidad que asusta.
Este fondo inversor ha desahuciado ya, en pleno estado de alarma, a muchas familias, lo que ha provocado que, llegadas estas fechas de invierno y navideñas, varias familias hayan firmado la subida abusiva ante el temor del desahucio, sabiendo que sus condiciones económicas no les iban a permitir cubrir la subida y poder subsistir. No es ético jugar con la especulación y mucho menos cuando se mercantilizan Viviendas de Protección Oficial en Régimen de Alquiler con las familias inquilinas dentro.
Es necesario volver a incidir en una moción sobre este asunto porque si los compromisos adquiridos en las instituciones no se traducen en hechos, no habremos conseguido solucionar los graves perjuicios que están sufriendo estos vecinos. Es evidente que ha habido consenso en esta corporación y que, en febrero de 2020, un mes antes de la declaración de estado de alarma en España, con el apoyo del PSOE, PP y PODEMOS, situaba a la Institución Autonómica en bloque del lado de los afectados y enfrente de las prácticas abusivas de este fondo inversor.
El 8 de febrero de 2020, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, explicó que el 30 de enero de 2020 mantuvo un primer encuentro con la inmobiliaria Haya Real Estate, gestora en España de los inmuebles del fondo de inversión Cerberus (EEUU), a la que pidió “una reconsideración de las ofertas y de las propuestas que están formulando a los vecinos”, dada “la problemática que pueden originar”. En ese sentido, la alcaldesa ha asegurado que solicitó a la empresa la elaboración de “contratos a medida”, en base a criterios técnicos, para las familias que estén en situaciones económicas más desfavorables”. La propia alcaldesa señaló entonces que está a la espera de una respuesta por parte de la propiedad de las viviendas. En caso de no obtener el resultado deseado, desde el Ayuntamiento de Aranjuez se prometió elevar la situación a la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid, para incluir a los afectados en la mesa de negociación que el Gobierno regional mantiene con estos fondos y que fue aprobada en la Asamblea de Madrid el pasado 21 de noviembre de 2019 a través de una Proposición No de Ley.
Tras este acuerdo, la iniciativa se elevó al siguiente escalón que, además, era el ámbito de resolución efectivo: la Asamblea de Madrid. Allí el Grupo Parlamentario Socialista propuso una Proposición No de Ley (PNL 90/2019), que recogía los acuerdos alcanzados en el Pleno del Ayuntamiento. Esta PNL fue aprobada con los siguientes acuerdos:
– Garantizar que la vivienda con protección pública no vuelva a ser objeto de venta a propietarios distintos sus inquilinos.
– Generar un Parque Público de Viviendas Sociales a precios asequibles dando respuesta a la demanda existente.
– Crear una mesa de diálogo con la Dirección General de la Vivienda, las empresas de fondos de inversión inmobiliaria, ayuntamientos y una representación de vecinos de los bloques afectados, para garantizar una protección a las familias y una negociación no abusiva por parte de las empresas en los nuevos contratos de arrendamiento.
– Dar cuenta a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid de las actuaciones de esta mesa de diálogo cada dos meses.
– Establecer un precio máximo en el marco del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
– Requerir a las entidades de los fondos de inversión para que tengan los canales de comunicación con los vecinos afectados que permitan encontrar una solución que respete los derechos legales y contractuales de estos vecinos e impidan que se puedan encontrar en situación de desamparo y desahucio.
El compromiso es claro, explícito y, además, está aprobado en la propia Asamblea de Madrid. Aquella PNL parecía ser el inicio del fin de un problema que sufren miles de familias en la Comunidad de Madrid y cientos de ellas en nuestra ciudad. Incluso, la Alcaldesa puso en valor el compromiso adquirido y los acuerdos alcanzados.
Han pasado casi 2 años y, en la actualidad, no hay una solución efectiva ni el apoyo institucional a los vecinos del Barrio de la Montaña. No existe propuesta alguna que aporte una solución efectiva y consensuada, ni tampoco muestra de buena voluntad por parte de GLOBAL LICATA, SA (representada por HAYA REAL STATE).
Por otro lado, en Aranjuez no se está cumpliendo ni uno solo de los compromisos y acuerdos alcanzados con el fondo inversor. GLOBAL LICATA, SA no se ha sentado a negociar nada con los afectados, no existe vía de comunicación establecida, ya que en muchos casos se envían cartas por debajo de las puertas de las viviendas, comunicación que, sin embargo, no contiene ninguna solución pactada, si no demandas en el juzgado contra los inquilinos/as. Esta situación se ha tornado inaceptable por lo que la corporación municipal no puede permanecer impasible ante la impunidad con la que operan estos fondos en contra de la ciudadanía.
Tampoco la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid puede pretender que todos los compromisos adquiridos, recogidos nítidamente en una Proposición aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid, se traduzcan en una llamada a GLOBAL LICATA, SA para pedirles que sean comprensivos. El nivel de exigencia debe ser mucho mayor, dando cuenta por escrito de los términos concretos de esas comunicaciones con la empresa a todos los afectados y dando cuenta, bimensualmente en la Comisión de Vivienda de la Comunidad de Madrid, de las actuaciones llevadas a cabo para cumplir con los acuerdos recogidos en la PNL 90/2019 y de los resultados de la mesa de diálogo.
Tampoco, desde Aranjuez, podemos asumir que nuestra capacidad de actuación finalizó con la aprobación de la Declaración Institucional. Es más importante aún garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, porque cuando el Ayuntamiento reprobó la actitud de GLOBAL LICATA, SA, reprobó a la Comunidad de Madrid por la venta de las viviendas y manifestó el apoyo a los vecinos/as, algo que conlleva, intrínsecamente, a no colaborar con el objeto lucrativo que subyace a esta operación. Por lo tanto, es el momento de acercar los hechos a las palabras, si no, se corre el riesgo de perder la credibilidad, y eso para cualquier gobierno es perderlo todo.
El anterior Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció la entrada en vigor de “una regulación que limite las subidas del precio del alquiler en las zonas tensionadas, con medidas coyunturales que puedan hacer los ayuntamientos”. Esto significa que los ayuntamientos podrán limitar las subidas de precios del alquiler de viviendas.
Ha surgido la noticia que el próximo 18 de enero va a aprobarse en su segunda lectura en el Consejo de Ministros a celebrar, la nueva Ley por el derecho a la vivienda , que se encontraba pendiente de un informe preceptivo del CGPJ, y por tanto a partir de ahí empezar su tramitación parlamentaria, asunto que hoy en día está por resolver de forma definitiva.
Por todo lo anteriormente expuesto proponemos para su aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE, EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS RECOGIDOS EN LA PNL 90/2019 APROBRADA EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA DE MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
- Convoque a todos los implicados a la mesa de diálogo para dar cuenta de las comunicaciones establecidas hasta la fecha, tanto en el fondo como en la forma, con GLOBAL LICATA, SA sobre la situación de los vecinos/as afectadas del Barrio de la Montaña de Aranjuez.
- Convoque a la empresa GLOBAL LICATA, SA, por escrito remitido por la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, a asistir a la mesa de diálogo con la Dirección General de la Vivienda, el Ayuntamiento de Aranjuez y una representación de vecinos de los bloques afectados, para garantizar una protección a las familias y una negociación no abusiva por parte de las empresas en los nuevos contratos de arrendamiento.
- Requiera a las entidades de los fondos de inversión para que tengan los canales de comunicación adecuados y consensuados con los vecinos afectados que permitan encontrar una solución que respete los derechos legales y contractuales de estos vecinos e impidan que se puedan encontrar en situación de desamparo y desahucio.
- EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ :
1. Continuará poniendo a disposición de los vecinos afectados los servicios jurídicos del Ayuntamiento ante las demandas que están recibiendo por parte de GLOBAL LICATA, SA. – con una mediación activa por parte de la Oficina Municipal de Intermediación ante situaciones de desahucios, creada para la protección de vecinos de Aranjuez en los casos que aquí traemos a considerar, que será individualizada, dadas las distintas cusuísticas que se están produciendo.
2. Solicitará por escrito, en virtud del acuerdo recogido en el pleno de febrero de 2020, a GLOBAL LICATA, SA un cambio de actitud con los vecinos/as afectados/ as de nuestra ciudad, estableciendo canales de comunicación consensuados en la búsqueda de una solución satisfactoria para las partes. En tanto que esto no se produzca con un acuerdo satisfactorio que, en ninguno de los supuestos suponga el desahucio de ninguna de las familias, y dada la actitud de presión y de ausencia de contacto para el acuerdo, tras los compromisos adquiridos con este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación Municipal del Real Sitio y Villa de Aranjuez, declara a la mencionada empresa “Non Grata”.
3. Valora positivamente el anuncio del Gobierno de España para la implantación de un sistema que posibilite a los Ayuntamientos limitar los precios de alquiler en zonas tensionadas como por ejemplo las del Barrio de la Montaña.
4. Pondrá en marcha un plan para conocer el censo de viviendas vacías, así como las zonas tensionadas Aranjuez.
5. Estudiará, para su puesta en marcha, la implementación de campañas informativas que pongan en valor a las entidades financieras que cumplan con su responsabilidad social corporativa, en especial en lo referente al derecho a la vivienda.
La proposición fue aprobada por 14 votos a favor (PSOE, ACIPA, In-Par y UP) y 11 en contra (PP, CS y VOX)
Última vez modificado: 31 enero, 2022
