En el pleno de fecha 17 de mayo de 2018, a propuesta del grupo municipal ACIPA, se aprobó por unanimidad realizar un inventariado de edificios públicos, priorizando instalaciones sensibles como colegios, instalaciones sanitarias, deportivas o de gran afluencia pública en general, que contengan aún elementos elaborados con amianto. Aprobándose también la elaboración de un plan de retirada paulatina de estos elementos, en caso de que se comprobase su existencia, priorizando en las edificaciones citadas, así como exigir al resto de administraciones titulares de los edificios que hagan lo propio.
Con ello, se aprobó también solicitar a las administraciones públicas, Comunidad y Estado, la extensión de una línea de ayudas que haga posible la retirada efectiva de todo el amianto de las instalaciones públicas.
Por otra parte, la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con fecha 19 de julio de 2018, aprobó, también por unanimidad, una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba al gobierno de la Comunidad de Madrid a realizar un inventario de centros con amianto para 2018, un calendario de retirada y una partida presupuestaria asignada al efecto.
Parece innecesario convencer a los grupos políticos, tanto del ayuntamiento pleno como de la Comunidad de Madrid, de la necesidad de llevar a cabo la retirada de este material, presente en gran parte de construcciones públicas y privadas, evitando la exposición pasiva a un elemento, el asbesto, altamente contaminante y extremadamente peligroso para la salud de los ciudadanos.
Por lo que sabemos, la Comunidad de Madrid parece estar llevando a cabo actuaciones en algunos centros escolares, dadas las continuas demandas de sus comunidades educativas. Tras las pertinentes inspecciones y la elaboración de los informes en los que se constataba la presencia de amianto en mal estado, se ha procedido a la retirada de dichos materiales por personal especializado.
En el marco normativo disponemos de la resolución del Parlamento Europeo que obliga a su total retirada, como máximo, en el año 2028. Pero el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), ha afinado más y mantiene, a través de su Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, que “en el caso del fibrocemento, se estima que la vida útil puede alcanzar alrededor de 30-35 años”. Y el fibrocemento está presente aproximadamente en el 70% de los casos. Se entiende por vida útil, el tiempo estimado que un producto puede realizar la función para la que fue fabricado. En el ámbito de la prevención, esta vida útil debe entenderse hasta que pueda perjudicar a la salud por su estado de deterioro o peligro de roturas, con la consiguiente probabilidad de liberar fibras de amianto.
A pesar de ello, tenemos constancia escrita de que, al menos a fecha septiembre de 2019, la propia Comunidad de Madrid manifiesta no tener ningún inventario, ni plan, ni relación de centros educativos, ni dotación presupuestaria aprobada para proceder a retirar el amianto de los centros públicos. De momento, todo son palabras y alguna actuación concreta a solicitud de los propios centros, actuaciones de las que no se ha informado ni por escrito, ni tan siquiera de manera verbal.
La realidad de la que tenemos constancia es que los centros escolares cuando solicitan la retirada del amianto en sus instalaciones a la correspondiente dirección de área territorial, y tras mucho insistir, acuden al centro los técnicos de la Comunidad, o en algunos casos de empresas subcontratadas. Éstos recopilan la información y se van. Es posible que elaboren un informe pero los centros no disponen de él, ni han tenido ocasión de leerlo ni nadie les ha comunicado las conclusiones. Y ya está.
En el caso del Ayuntamiento de Aranjuez, el área de educación conoce la existencia de amianto en algunas construcciones de centros públicos, centros que son utilizados, además de por sus alumnos, por otros muchos niños y niñas y personas adultas, para la realización de actividades deportivas, culturales, etc., de las que es responsable el propio ayuntamiento. Además, la localización de estos edificios con amianto en zonas próximas a vías públicas y viviendas, determina que la población afectada pudiera ser mucho más numerosa. Pero seguimos sin hacer nada y el amianto sigue aquí.
Algunos de los centros de Aranjuez, han superado con creces la vida útil de este material, y manifestar, como se ha hecho por parte de algunos representantes municipales, que no existe fricción, es una afirmación no solo irresponsable sino que carece de fundamento. La distinción entre amianto friable (desmenuzable con facilidad) y no friable induce a error y genera una peligrosa confianza. La razón de que el amianto que en más cantidad hay instalado, es decir el fibrocemento o uralitas, puede ser considerado como seguro hasta tanto no se demuestre lo contrario, no es de recibo aceptarla sin más. Se olvida de que estamos siempre en situaciones dinámicas donde es imposible evitar vibraciones, vientos fuertes, fenómenos meteorológicos adversos, etc.
En un asunto de este calado, la información, la transparencia es vital. Información a los directores de los centros, a la familias, a la propia concejalía de educación. Información, transparencia y trabajo será lo que evite el alarmismo. Callar nos hace cómplices de la inacción y de sus consecuencias. Este ayuntamiento tiene la obligación de ponerse a la cabeza en la defensa de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas con iniciativas concretas, recabando la información, por escrito, y tomando las medidas necesarias en base a ella. Por todo ello, proponemos:
Primero.- La elaboración de manera inmediata de un calendario de actuaciones, en el que se contemple como primera medida, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación en este pleno, la realización de un inventario de edificiosde uso público, priorizando instalaciones sensibles como colegios, instalaciones sanitarias, deportivas y de gran afluencia pública en general, que contengan elementos elaborados con amianto.
Segundo.- Establecer contacto de manera urgente con la Consejería de Educación, para exigir la elaboración de un plan de retirada urgente de esos elementos que ya se tienen localizados y la confección de un plan de retirada, en aquellos centros de su titularidad, dotando a dicho plan de la habilitación presupuestaria necesaria y dando con ello cumplimiento a la PNL aprobada en el mes de julio de 2018.
Tercero.– En aquellos edificios que puedan ser de titularidad municipal, establecer asimismo un plan de retirada, con un calendario de actuaciones que tenga como marco temporal esta legislatura, con una previsión en cada uno de los presupuestos anuales, para lo que habrá de iniciarse la búsqueda de financiación necesaria que nos permita cumplir el objetivo de retirada total en el año 2022.
Cuarto.- Exigir en aquellos edificios que pudiesen ser de titularidad de otras administraciones, la misma celeridad y compromiso a la hora de abordar este asunto.
Quinto.- Exigir a todas las administraciones y a nosotros mismos, trabajar con la seriedad y el rigor necesarios y también con la máxima transparencia e información. En consecuencia, se harán públicos los compromisos adquiridos, los calendarios de retirada de materiales con amianto y todos aquellos datos que contribuyan a la mejor gestión de este asunto.
NOTA: Proposición aprobada por mayoría con los votos de In-Par, Partido Socialista, Unidas Podemos, Acipa y las abstenciones de Vox, Ciudadanos y Partido Popular .
Última vez modificado: 20 febrero, 2020
