PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA COMBATIR LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS, GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la Policía (la autoridad pública y sus agentes) podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.
Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados “alcaldes del cambio”, esta Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el “pinchazo” ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc. Estos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a “consentir” una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido, la propiedad.
Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que estas políticas de cambio a peor se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, como no lo es cualquier otra ilegalidad.
Pero, además, la cuestión va más allá y abarca más situaciones de las que provocan adicionalmente estos alcaldes del cambio a peor.
Por ello, combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados.
Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera legítima y fundada alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas.
Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid había 4.472 viviendas “okupadas”, 498 más que un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de estos inmuebles se encuentran, además, en la capital. Estas cifras se reproducen de manera similar en otras grandes capitales españolas. Y lo mismo sucede en nuestra ciudad. DATOS
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas se intenten amparar en resquicios legales, o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada. Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. La autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.
Asimismo, la nueva ley establece reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de okupación.
Por otro lado, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.
De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.
La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como objetivo regular los conocidos “precarios” y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional cuya protección se encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular.
Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO. La Corporación municipal de Aranjuez da su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero.
SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas.
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso y en el Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CONTRA LA RUPTURA DE LA SOBERANÍA NACIONAL
El miércoles 6 de febrero de 2019 la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, reconocía en rueda de prensa la aceptación de un mediador, bajo el título de “relator”, en unas negociaciones con los partidos independentistas catalanes que apoyan al gobierno de la Generalitat.
Pese a los múltiples eufemismos empleados por el Gobierno, tal aceptación supone la asunción de varios elementos que son del todo punto intolerables. A saber: 1) que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado de la Nación, 2) que existe un conflicto político entre esas dos entidades supuestamente similares y, 3) que el Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas existentes para coordinar las relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas.
Todo ello hace evidente que no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la Nación, sino que el Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo, que acabará desembocando en la ruptura de la soberanía nacional.
Una planificación que puede resumirse en las 21 exigencias que el presidente del Gobierno autonómico, Sr. Torra, presentó al presidente del Gobierno central, Sr. Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron, con el protocolo y despliegue logístico propio de las visitas de jefes de Estado, el pasado 20 de diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Cabe señalar que dicho documento fue ocultado de manera deliberada por el Gobierno a los españoles y que, entre otras cosas, exige la ya concedida mediación, el reconocimiento del llamado derecho de autodeterminación o la quiebra del Estado de Derecho al imponer la impunidad jurídica a quienes están pendientes de juicio no por defender una determinada ideología, sino por perpetrar un ataque contra el Estado mediante la rebelión, la sedición y la malversación. Si son o no culpables, lo determinará la Justicia. Pero sólo la Justicia. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos los órganos internos de los partidos secesionistas.
El Gobierno ha dado muestras más que sobradas para no ser fiable en sus declaraciones. A menudo, éstas han sido justamente lo contrario a sus actos. Todos los españoles pudieron comprobar cómo, con la cooperación necesaria de la ministra de Justicia, el Gobierno cambió por completo la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, para imponer a ese cuerpo otra distinta, más beneficiosa para los políticos procesados por los sucesos del 1 de octubre. Y este es sólo un ejemplo de tantos. No, el Gobierno de Sánchez no es confiable. En seis meses de mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de que la unidad nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema democrático no estén en riesgo mientras él esté presidiendo el Consejo de Ministros.
Además, aún resulta más indigna esta actuación cuando está motivada por una pulsión de poder. Porque todas estas cesiones no son fruto de una postura política, sino de una ansiedad desbocada del presidente del Gobierno por mantenerse en el poder. El presidente no duda un instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia sólida, con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa.
Asumir la estrategia secesionista como propia es, de hecho, legitimar el ataque al Estado de Derecho como forma de funcionamiento y actuación en nuestro país. Es legitimar los comentarios y artículos racistas y supremacistas del Sr. Torra y que, como dice el secesionismo, el Sr. Puigdemont es un “preso político” y no un fugado. Esto ya es de por sí grave y sitúa al Gobierno del Sr. Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más dignas de olvido de nuestra Historia democrática. Pero es que, además, supone el desamparo y desprotección de millones de catalanes que cada día se ven acosados por el secesionismo radical. Es perfectamente contrastable cómo la presión y la asfixia a la que el secesionismo está sometiendo a los catalanes no nacionalistas no ha hecho más que aumentar ante la pasividad, rozando la connivencia por inacción, del Gobierno.
Esta presión está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Así, los autodenominados Comités de Defensa de la República y otros grupos separatistas radicales están perpetrando acciones como coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos, intentos de asalto a instituciones como el Parlamento autonómico, la ocupación del espacio y las instituciones públicas con simbología separatista y la ocupación de infraestructuras clave -como la autopista AP-7-, vulnerado derechos fundamentales y libertades, como la de circulación y movilidad de las personas.
Todos estos no son hechos aislados, ni tampoco son reacciones espontáneas. Son acciones que cuentan con el aliento de la Generalitat, cuyo presidente les anima a “seguir apretando”, y que demuestran el fracaso de la política de apaciguamiento del actual Gobierno español.
Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de este Consistorio y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo de Concejales del Partido Popular insta al Pleno de la Corporación municipal, mediante la presente PROPUESTA, a adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas y exigir al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
SEGUNDO.- Exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional.
TERCERO.- Constatar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus socios separatistas hacia el interés general de la Nación.
CUARTO.- Solicitar al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una Mesa Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de igualdad.
QUINTO.- Rechazar la figura de “mediador internacional” propuesta por Torra y aceptada por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba.
SEXTO.- Exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España.
SÉPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno de España y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y Senado.
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RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE SUBVENCIÓN PARA EQUIPAMIENTOS DE TEATROS, MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES MUNICIPALES
El pasado 5 de febrero se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las bases reguladoras de las ayudas destinadas al equipamiento de teatros y museos municipales, salas de exposiciones u otros espacios expositivos de titularidad municipal.
Se trata de unas ayudas en régimen de concurrencia competitiva con el fin de realizar nuevos proyectos o bien mejoras en los equipamientos ya existentes.
Puesto que nuestro municipio reúne los requisitos para poder ser beneficiario de esta subvención,
El Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que la Concejala Delegada de Cultura explique en el presente Pleno si tiene previsto solicitar esta subvención. Y en caso afirmativo exponga si se está trabajando ya en las memorias que deben acompañar a la solicitud y si se trata de un nuevo proyecto o si se trabajará en mejoras de los equipamientos ya existentes, así como todos los detalles de una cosa u otra.
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RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL CONTENIDO DE LA CARTA PUBLICADA EN RELACIÓN AL CAMPUS DE ARANJUEZ DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
El Real Sitio y Villa de Aranjuez es uno de los referentes históricos y culturales de España y por su palacio, sus casas señoriales, sus calles y sus hermosos jardines transitaron durante siglos las más insignes figuras de la pintura, la música y la literatura. En 2001 fue declarada por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Con todo, Aranjuez es un ámbito ideal para acoger la enseñanza universitaria como ciudad culta, que se mira orgullosa en su pasado pero que, precisamente por ello, está igualmente obligada con el presente y el futuro.
En el transcurso de la pasada legislatura municipal, gobernada por el Partido Popular, fue cuando la Universidad Rey Juan Carlos dio los pasos definitivos para su implantación en Aranjuez con la firma del “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aranjuez y la Universidad Rey Juan Carlos para la cesión del uso y aprovechamiento del inmueble denominado “Hospital de San Carlos” para su rehabilitación, reforma, restauración, gestión y utilización como centro de formación universitaria”.
Dicho Convenio era la prueba definitiva de que la URJC no llegaba de paso a Aranjuez sino para quedarse. Y es que no hay que olvidad que la citada Universidad tomó el relevo a la Universidad Complutense en el desarrollo del CES Felipe II que se vio culminado con la sustitución de un campus, ya propio, de la Rey Juan Carlos. El objetivo del citado Convenio era desarrollar, precisamente, ese nuevo campus universitario en nuestro Real Sitio y Villa. Con posterioridad, en el transcurso también de la pasada legislatura, se firmó en el mes de abril otro Convenio, el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad Rey Juan Carlos para la puesta en marcha de la “Universidad de Mayores” en Aranjuez.
La implantación de la Universidad Rey Juan Carlos supuso una extraordinaria noticia para los intereses generales de los ribereños en tanto en cuanto repercutiría muy positivamente en el desarrollo económico de nuestra ciudad, en consonancia con la recuperación y el polo de atracción cultural que supone nuestro Patrimonio Histórico-Cultural. A día de la fecha, y conforme a los compromisos asumidos en el citado Convenio por la Universidad Rey Juan Carlos, las obras del Hospital de San Carlos están en marcha.
Sin embargo, el pasado domingo 10 de febrero, aparecía en https://heraldoaranjuez.blogspot.com la siguiente carta, al parecer, de “Dos estudiantes del Campus de Aranjuez” de la que reproducimos las siguientes líneas:
“La URJC podría eliminar el próximo curso la mitad de los estudios del campus de Aranjuez”. En las dos últimas semanas ha habido un gran revuelo en la Universidad Rey Juan Carlos, con diversas informaciones que iban y venían y con datos contradictorios. Finalmente, el rumor se está convirtiendo en una realidad y la URJC quiere eliminar la mitad de los estudios universitarios que imparte en Aranjuez…”.
Obviamente, tales líneas no son sino la versión u opinión de “Dos estudiantes del Campus de Aranjuez” de lo que esté o pudiera estar aconteciendo en realidad.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que la alcaldesa explique en el presente Pleno cuanto conozca de lo que esté realmente aconteciendo en relación al Campus de la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez.
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RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL PUNTO LIMPIO Y LA PRECEPTIVA OBSERVANCIA, QUE DEBE HACER LA EMPRESA EXTERNA QUE LO GESTIONA, DE LA ORDENANZA EXISTENTE
Hasta el despacho del Grupo de Concejales del Partido Popular han llegado recientemente quejas de varios vecinos que pretendiendo hacer un uso legítimo y conforme a la normativa municipal vigente del Punto Limpio, sin embargo, se les ha impedido hacerlo.
La ciudad de Aranjuez se dotó, en la pasada legislatura, de una Ordenanza por la que queda regulado perfectamente el uso y funcionamiento del Punto Limpio municipal. Dicha normativa debe ser respetada por todos, incluyendo la empresa que, como es el caso, gestione ese servicio municipal.
Las quejas recibidas refieren diferentes situaciones que llevan implícita una transgresión de esa normativa. Y es que, por ejemplo, son varios los pequeños comerciantes y autónomos, como permite la Ordenanza, que queriendo depositar residuos admisibles y en la cantidad estipulada, se les ha denegado tal depósito bajo el argumento de que eran “comerciantes” o de que eran “autónomos. Una negativa, por tanto, que nunca debería haberse producido.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal el siguiente RUEGO:
.- Que se le advierta a la empresa externa que gestiona el Punto Limpio municipal, o se le reitere en su caso, de la obligación que tiene de cumplir lo dispuesto en la Ordenanza municipal que regula las condiciones de uso y la admisión de residuos en ese servicio municipal.
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PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE LAS RECIENTES DECLARACIONES DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, DAVID ESTRADA, AFIRMANDO QUE HAY UN “RIESGO EVIDENTE” EN LA CASA ATARFE
Dese hace casi dos años, tanto la Alcaldesa como otros miembros de su equipo de gobierno han venido vertiendo afirmaciones sobre una presunta falta de seguridad existente en el edificio conocido como Casa de Atarfe.
Desde El Grupo de Concejales del Partido Popular presentamos, en julio del pasado año, una pregunta preocupándonos por, entre otras, la citada cuestión. La pregunta refería en relación a este asunto específico lo siguiente:
Desde hace más de un año tanto particulares como representantes de las asociaciones allí instaladas han venido recibiendo comunicaciones, verbales o por escrito, de algún departamento municipal, de algún o algunos Concejales, o incluso de la propia Alcaldesa Cristina Moreno, todas ellas en un mismo sentido: proceder al desalojo de la vivienda o del local, según el caso de que se trate.
“…Por lo que se refiere a las asociaciones, la práctica totalidad ha comunicado al Grupo de Concejales del Partido Popular su preocupación en relación a diferentes aspectos tales como, por ejemplo, el hecho de que en algunas de esas comunicaciones verbales se les haya trasladado una presunta falta de seguridad –no avalada por los servicios técnicos municipales-, no se les posibilite alternativa de traslado a otro local que reúna las condiciones necesarias para poder seguir desarrollando su actividad, no se les aclare nada sobre el retorno tras la ejecución de unas posibles obras, o no se les precise nada en relación a los tiempos en que todo lo anterior habría de suceder. A todo ello se uniría el hecho de que existen graves contradicciones pues donde se les dijo, hace tiempo, que el desalojo –avalado en supuestas cuestiones de inestabilidad del edificio- habría de ser inmediato ahora se les traslada que no corre prisa…”.
Y en atención a estas afirmaciones preguntábamos:
“.- ¿Han visitado los servicios técnicos todos los locales del edificio? ¿Cuál es el resultado de la visita? ¿Existe informe al respecto? ¿Cuál es el contenido exacto de ese informe? ¿Qué técnico o técnicos lo suscriben? En caso de que el informe determine la necesidad de ejecutar obras para asegurar la estabilidad del edificio, ¿cuándo empezarán las mismas, cuál será su periodo de ejecución, cuál su importe y con qué dinero serán financiadas?
.- ¿Por qué hace más de un año se les trasladó verbalmente a las asociaciones la necesidad de que el desalojo se produjera con rapidez y ahora se les traslada que no hay prisa?
A estas preguntas el primer Teniente de Alcalde respondió:
“…En ello está el aparejador municipal como nos comprometimos en su día, que no hace más de seis meses ni siquiera. Nadie ha dicho que haya prisas, sólo prudencia y responsabilidad…”
Se trataba de una respuesta llena de mentiras. Y es que con, posterioridad, pudimos averiguar que el aparejador municipal no podía estar en ello porque se le hizo el encargo con posterioridad a la referida pregunta –y contestación- presentada y contestada en julio de 2018. También faltaba a la verdad David Estrada cuando afirmó que Nadie ha dicho que haya prisas, pero que tal aseveración era falsa ya lo sabíamos desde el momento en que se hizo dado que las propias asociaciones ya nos habían dicho con anterioridad lo contrario. Obviamente, tienen más credibilidad que el Teniente de Alcalde.
Ahora, recientemente, el pasado día 6 en los micrófonos de Onda Aranjuez volvió a referirse a este asunto y aseveró de forma literal que en la Casa de Atarfe “hay un riesgo evidente”.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Qué alcance exacto tiene ese “riesgo evidente”?
.- ¿Pone en peligro la seguridad y/o integridad de las personas que allí vivan o que vayan a realizar actividades a cualquiera de los locales de asociaciones allí existentes?
.- ¿Ha terminado el técnico municipal de visitar todos los locales y viviendas del edificio?
.- En caso afirmativo:
.- ¿Cuál es el resultado de la visita?
.- ¿Existe informe al respecto?
.- ¿Cuál es el contenido exacto de ese informe?
.- En caso negativo:
.- ¿En base a qué datos declaró el Teniente de Alcalde que había un “riesgo evidente”?
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PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL MANDATO DE PLENO REALIZADO AL GOBIERNO MUNICIPAL, Y QUE TIENE PENDIENTE CUMPLIR, RELATIVO A LA REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES
Hace justo un año, en el mes de febrero de 2018, el Pleno de la Corporación municipal aprobó, por unanimidad, la Propuesta presentada por el Grupo de Concejales del Partido Popular instando al Ejecutivo socialista a la redacción y posterior elevación a Pleno para su aprobación de una Ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales de atención de necesidades sociales, así como a la constitución y convocatoria de mesas de trabajo de composición mixta, de trabajadores municipales y miembros de los Grupos Políticos municipales, a fin de recabar las aportaciones de unos y otros.
En el transcurso de aquella sesión plenaria la Concejala Delegada de Bienestar Social afirmó que ya se estaba haciendo esta Ordenanza y que al mes siguiente –se refería al de marzo de 2018-, y previas las reuniones que indicaba la Propuesta, ya estaría terminada para elevarla al Pleno y proceder a su votación.
No ha sido así. Transcurrido no sólo un mes, sino todo un año, tal documento no ha llegado aún al Pleno para su debate y votación y tampoco se ha convocado reunión previa alguna.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Por qué a día de la fecha aún no se han convocado las reuniones de trabajo de composición mixta que aprobó el Pleno de la Corporación?
.- ¿Por qué la Alcaldesa y la Concejala tampoco han cumplido aún con el mandato plenario de proceder a la redacción y posterior elevación a Pleno para su aprobación de una Ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales de atención de necesidades sociales?
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PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE APROBACIÓN EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FACTURA A FAVOR DE LA EMPRESA FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA POR IMPORTE DE 2.420,00 EUROS
El pasado 28 de diciembre de 2018, en Junta de Gobierno Local extraordinaria, se llevó a cabo la aprobación de una factura por importe de 2.420,00 euros por la realización y desarrollo de una App para Android e IOS, una factura que no había seguido el procedimiento establecido en las bases de ejecución del Presupuesto municipal.
La propuesta de aprobación de la factura mencionada indica que el trabajo realizado fue adjudicado a una persona física pero la factura a aprobar por dicho trabajo aparece a nombre de Fidelis Factu Sociedad Cooperativa, no correspondiendo al adjudicatario del contrato.
La empresa Fidelis Factu Sociedad Cooperativa, más conocida como Factoo, es una cooperativa de trabajo dedicada a facturar trabajos para terceros, en la que daba de alta a sus socios en el Régimen General de la Seguridad Social con el fin de evitar a sus socios que se dieran de alta como autónomos y pagar los impuestos que les correspondiesen por su actividad. Ante esa actividad completamente contraria a la Ley, el Ministerio de Trabajo descalificó a dicha cooperativa, lo que llevó a la disolución de la misma.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de la Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:
.- ¿Se ha procedido al pago de la factura que se menciona anteriormente a la empresa Fidellis Factu Sociedad Cooperativa?
.- En caso afirmativo, ¿por qué se ha pagado a una cooperativa que está descalificada por el Ministerio de Trabajo, y por tanto, disuelta? ¿Qué informes, si es que los hay, respaldan el pago de dicha factura?
.- En caso negativo, ¿cómo se ha procedido en este caso?
Aranjuez 12 de febrero de 2019
María José Martínez de la Fuente
Portavoz Grupo de Concejales del Partido Popular
Última vez modificado: 12 febrero, 2019
