Óscar Blanco: “el gobierno municipal no es capaz de presentar ninguna alternativa al problema de la vivienda en nuestro municipio, y no tienen iniciativas pero sí tienen 90 viviendas de SAVIA cerradas a cal y canto que, desde el PSOE y algún grupo de izquierdas, hemos propuesto que se pongan en el mercado”.
El Gobierno municipal de PP y VOX votaron en contra de la propuesta del grupo municipal Socialista para que se constituya la Comisión establecida por la Ley 6/1986, de 25 de junio, de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, aprobando la adhesión del municipio de Aranjuez a dicha Comisión, con el fin de presentar a la Mesa de la Asamblea de Madrid un proyecto de ley regulador del procedimiento a seguir para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en los términos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
Además, la propuesta pedía que que se designase a la Alcaldesa para su incorporación en la Comisión prevista en la Ley 6/1986, de 25 de junio, con el objetivo de impulsar y promover la redacción del texto articulado de la Proposición de Ley, precedido de una exposición de motivos y la redacción del documento en el que se detallen las razones que aconsejan, a juicio de las Corporaciones proponentes, la tramitación y aprobación por la Asamblea de Madrid de la Proposición de Ley.
El portavoz socialista Óscar Blanco ha señalado que “hay mecanismos, mediante la Ley aprobada recientemente por el derecho a la vivienda, y que dota a las comunidades de competencias para poder intervenir en el mercado de la vivienda conteniendo el incremento en los precios, y uno de esos mecanismos es la declaración de zona tensionada”.
La Comunidad de Madrid ya ha declarado en varias ocasiones su insumisión a la hora de aplicar esta ley estatal en la región y pode aplicar a nuestra ciudad ese mercado pensionado y establecer unos márgenes respecto al precio del alquiler, que es uno de los principales problemas que tenemos en Aranjuez en este aspecto, ya que al no haber una oferta adecuada se está posibilitando que el precio se dispare, haciendo cada vez más inaccesible este bien a muchos vecinos y vecinas de la ciudad”.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha invitado a los otros 178 municipios de la región a utilizar una fórmula, a través una iniciativa popular, para que se aplique esa fórmula a través de la asamblea de Madrid en sus municipios, y uno de ellos es el nuestro, aunque no nos consta que se haya dado respuesta desde el Ayuntamiento gobernado por PP y VOX.
Blanco, ante los argumentos de la derecha y la ultraderecha de Aranjuez, amparados en que la ley está recurrida se ha cuestionado si “¿se imaginan que, ahora que toca pasar la domiciliación del IBI que miles de vecinos y vecinas de Aranjuez se nieguen a pagarlo porque no están a favor efe la ordenanza fiscal municipal?”. El portavoz entiende que “bajo el criterio de PP y VOX si alguien no está de acuerdo con una ley puede evitar cumplirla y ese es el alegato que está haciendo”.
“La ley está en vigor más allá de los recursos que se hayan interpuesto y desde el Gobierno municipal no quieren cumplirla”, ha afirmado Blanco, que sostiene que “es un ejercicio que va contra la democracia”.
El portavoz socialista ha acusado a PP y VOX de declararse “insumisos” ante la ley y de “no presentar ninguna alternativa al problema de la vivienda en nuestro municipio, no tienen iniciativas pero sí tienen 90 viviendas de SAVIA cerradas a cal y canto, que desde el PSOE y algún grupo de izquierdas hemos propuesto que se pongan en el mercado”.
También se ha referido Blanco al “Plan Vive, que es una mala noticia para aranjuez, porque si nos acercamos al único ejemplo real ejecutado, que es el de Alcorcón, además de la mala calidad de las viviendas, que son prefabricada y que la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que tiene que hacer reparaciones a los pocos días de entregarlas, está el precio del alquiler, que para una vivienda de 70 metros es de 740 euros al mes, con la condición de que en la familia haya unos haya unos ingresos netos de 2.117 euros, que se incrementa según se aumente también el tamaño de la vivienda y esto no resuelve el problema de la vivienda”.
Para Blanco, “es necesario regular el mercado, porque se ha demostrado que en muchas ciudades de Europa esta alternativa ha funcionado, lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados o acogernos al Plan Vive al que, desgraciadamente, muchas familias de nuestro municipio no se van a poder acoger”.
Última vez modificado: 31 mayo, 2024
