Hace 30 años,las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño.
En la actualidad, continúan existiendo grandes amenazas para la vida y el bienestar de los niños. La violencia , la despoblación, la pobreza, el riesgo de adicciones como la droga o el juego; o la falta de acceso a la educación, siguen limitando el sano desarrollo de la infancia en muchos lugares del mundo.
Por otra parte, en los países más desarrollados se vislumbran nuevos e importantes retos que afectarán al sano crecimiento y a la educación de nuestros menores. La digitalización o la extensión del acceso a la información son oportunidades para mejorar la educación de nuestros hijos, pero también suponen serias amenazas para su correcto desarrollo.
Ante estos retos, reafirmamos nuestra determinación en la defensa de los derechos de la infancia y la protección de los más pequeños de nuestra sociedad.
Los poderes públicos son los responsables, por tanto, de garantizar la protección de los niños y velar por su bienestar. En ocasiones, se ha utilizado esta responsabilidad como arma arrojadiza para entrometerse en el derecho de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones. Por ello, rechazamos que las instituciones públicas se inmiscuyan en cada rincón de la intimidad familiar, hasta el punto de arrebatar a los padres el derecho a elegir como educar a sus hijos, derecho garantizado por el artículo 27.3 de la Constitución.
La familia es el principal núcleo de desarrollo de la persona, especialmente durante la infancia y adolescencia. Coincidimos en que la protección del Estado a la infancia, lejos de enfrentarse a los padres, debe servirles de apoyo en su responsabilidad de educar a los hijos: de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Así, la vía para garantizar los derechos de la infancia pasa por impedir cualquier tipo de injerencia de intereses políticos o de grupos de presión que traten de adoctrinar a los menores.
En el caso de aquellos niños en situación de especial vulnerabilidad o sin referencias familiares, se deberá garantizar su efectivo desarrollo y acceso a educación y formación lejos de todo tipo de manipulación ideológica.
La responsabilidad de los poderes públicos con la infancia también implica garantizar su protección frente a todo tipo de violencia o acoso. Frente a quienes discriminan a las víctimas por razón de sexo, ideología o clase social, este Parlamento reitera que todas las víctimas son iguales y merecen el mismo esfuerzo del Gobierno en materia de prevención del delito, protección de la víctima y acceso a la justicia.
De este modo, defendemos:
– La necesidad de que la inversión en políticas de protección de la infancia sea sólida, sostenida en el tiempo y enfocada especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.
– El compromiso de las Instituciones con los derechos de los niños a tener un nivel de vida digno, a la salud y la educación.
– El rechazo a la intromisión de los poderes públicos o grupos de presión con intereses económicos o políticos en el desarrollo de la personalidad de los menores, y la intimidad familiar. Defendemos el derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Subrayamos también la importancia de extender la protección a la infancia frente a todo tipo de violencia intrafamiliar.
Última vez modificado: 28 noviembre, 2019
